Las obras de los arrendatarios discapacitados en la vivienda

Las obras de los arrendatarios discapacitados en la vivienda

Las obras de los arrendatarios discapacitados en la vivienda

Las obras que pueden hacer los arrendatarios discapacitados en la vivienda por razón de su discapacidad y los arrendatarios que tengan más de 70 años  están contempladas en el artículo 24 de la Ley de arrendamientos urbanos:

”El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad.”

Este es el texto vigente para arriendos de vivienda habitual firmados después del 6 de junio de 2013. Para los contratos  firmados antes del 6 de junio de 2013, tanto los que se rigen por la Ley 29/94 como los regulados en la LAU de 1964 (Disposición transitoria 2ª.A) 2 de la LAU), el texto vigente es:

 “ El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en la vivienda las obras que sean necesarias para adecuar ésta a su condición de minusválido o a la de su cónyuge o de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o a la de los familiares que con él convivan.”

Observen que en  el art 24 de la Ley de arrendamientos urbanos se ha sustituido el término minusválido por el de discapacitado y se ha incluido a los mayores de 70 años.

Legalmente la palabra discapacitado se define en el artículo 4.1 del  Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:

 “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”

El artículo 4.2 dice que tendrán la consideración de personas con discapacidad:

“… aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”

La declaración de discapacidad es competencia de las Comunidades Autónomas.

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El arrendatario sólo puede realizar las obras indispensables para adecuar el interior de la vivienda a su discapacidad o a la de cualquier familiar que conviva con él de forma permanente, tanto consanguineos como afines, y tanto si la discapacidad existía cuando se firmó el contrato como si surge con posterioridad. Para realizar las reformas debe acreditarse la declaración de discapacidad y su grado.

El arrendador puede oponerse a que se realicen obras no indispensables, que sólo tengan por objeto una mayor comodidad o facilidad de acceso, que no sean imprescindibles o que sean desproporcionadas a los fines previstos en la ley.

El arrendatario no necesita el permiso del arrendador para hacer las obras, pero debe comunicarle su intención antes de iniciarlas por escrito y de forma fehaciente.

El inquilino tiene un importante obstáculo para la realización de las obras. El apartado 2 del artículo 24 permite al arrendador exigir al arrendatario, al término del contrato, la reposición de la vivienda al estado anterior.  La reducción de los plazos de duración de los contratos de alquiler de vivienda, máximo de 3 años para alquileres posteriores al 6 de junio de 2013, puede hacer que la realización de las obras  y la reposición de la vivienda al estado en que se encontraba sea una carga financiera excesiva para el arrendatario.

Una alternativa para el arrendatario es pactar con el arrendador las reformas que le sean esenciales o necesarias, para, al término del arriendo, restituir al estado previo sólo alguna de ellas. Por ejemplo: la sustitución de una bañera por una ducha. No hace falta restablecer la bañera.

Algunas reformas pueden ser una mejora para el piso. Si es así el inquilino puede negociar descontar su coste de la renta.

 

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